Trece meses para cada uno de los dos piqueteros detenidos durante la huelga general en Torrelavega

  • Tendrán que indemnizar conjuntamente con 3.400 € a los dos policías lesionados, además de pagar a otro por la ‘Mont Blanc’ que perdió
  • Prevalece la presunción de veracidad de los policías
  • Se castiga el libre ejercicio de los derechos sindicales y de manifestación

 

EUROPA PRESS. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander ha condenado a trece meses de cárcel a cada uno de los dos jóvenes detenidos en Torrelavega durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por un delito de resitencia grave a la autoridad en concurso ideal con otro de lesiones.

El fiscal pedía para cada acusado, A.G.C. y J.G.S., 16 meses de cárcel, mientras que la defensa solicitaba la libre absolución porque a su juicio, «no hay prueba de cargo suficiente» para sostener la versión del Ministerio Fiscal ni su «encaje» en los tipos penales en los que encuadra la conducta de los ambos jóvenes: delito de resistencia grave a la autoridad y delito de lesiones.

La acusación particular se retiró del proceso justo antes de iniciarse el juicio el pasado 29 de abril.

Finalmente, a cada uno de los acusados se les ha impuesto siete meses de cárcel por el delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y seis por el de lesiones.

Además, el fiscal reclamaba ocho días de localización permanente por una falta de lesiones y el abono de las costas procesales. En este sentido, solo uno de los acusados, A.G.C, ha sido condenado a siete días de localización por una falta de lesiones, que se une a la pena por el delito de resistencia grave a la autoridad y al de lesiones.

A pesar de que los acusados negaron en el juicio que agredieran a policías en Torrelavega durante los actos de la huelga general del 14 de noviembre y afirmaron que fueron éstos los que les «tiraron» al suelo, la magistrada-juez del Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander, Susana Bello, considera probado que A.G.C y J.G.S. propinaron «manotazos», «empujones», «patadas», «codazos» y un rodillazo.

La juez afirma en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estos hechos quedan confirmados «por resultar así» de los «diversos medios de prueba» practicados en el juicio, con los que obtuvo, según ha señalado, «convicción de la certeza» de ellos.

Una de las pruebas practicadas fue el visionado un vídeo grabado por una de las amigas de los acusados –que el resto de los asistentes al juicio, a excepción de la juez y las partes, no pudieron ver– del momento en que J.G.S. se encontraba ya en el coche policíal para ser llevado a comisaría y en el que se ve la actuación y detención del otro acusado, A.G.C. Concretamente, en la sentencia, señala probado que los acusados, el día 14 de noviembre de 2012, en el transcurso de la jornada de huelga general en Torrelavega, participaron formando parte del piquete de la Intersindical de Cantabria, «efectuando intervenciones que excedían en algún momento de sus funciones sindicales».

Los acusados han sido condenados a pagar conjunta y solidariamente a un agente una indemnización por los daños causados casi 3.300 euros.

Además, la sentencia recoge que durante los actos, uno de los policías –uno de los dos que pidió en la calle Julián Ceballos a  J.G.S. que se identificara–, que era jefe del dispositivo de piquetes el día de la huelga, perdió una estilográfica Mont Blanc que llevaba, algo que también salió a relucir en el juicio. La titular del Juzgado de lo Penal Número 1 entiende que «procede» que el agente sea indemnizado por parte de los dos acusados por la pérdida de la estilográfica, que no fue tasada pericialmente, por lo que ésta será fijada en  ejecución de sentencia.

El día del juicio, se concentraron medio centenar de personas en apoyo de los acusados que, además de pancartas, extendieron en las escaleras de entrada a los juzgados de la calle Alta varios botes con bolígrafos en los que se podía leer ‘Dale un boli a la poli’.

Además, en cartón, han construido una reproducción gigante de una pluma estilográfica en referencia a la reclamada por uno de los agentes.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de ella.

 

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