Las 200.000 víctimas de la Ley Mordaza

<p>Ley Mordaza.</p>

Dos años de aplicación de la llamada Ley Mordaza, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), han confirmado los temores que, en vísperas de su entrada en vigor el 1 de julio de 2015, expuso Amnistía Internacional (AI): el Gobierno español iba a limitar ”ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información; además de ampliar  –sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos–, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana”. Todo ello, en combinación con una reforma del Código Penal que, aprobada con el único apoyo de la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy como la LOSC y desoyendo las advertencias de  varios expertos de la ONU sobre los riesgos de generar una “restricción desproporcionada a los derechos de libertad de reunión, expresión e información”, arrastraba a la legalidad en la misma dirección.

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