La estafa que no cesa

EMILIO CERRERA. Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria.

Analizar con detenimiento y en profundidad el significado o el alcance de la contrerreforma fiscal, la evolución y naturaleza del paro o los nuevos mercados de trabajo y los “emprendimientos” de las originales formas de “autoexplotación”, la redistribución de la renta, el reparto de la riqueza o las pobrezas emergentes –la energética, la infantil…–, la situación comparada de los pilares del Estado del Bienestar –la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia…–, las investigaciones sobre la corrupción política, las puertas giratorias o las servidumbres de la Administración de Justicia, la ética y la doble moral…, debería constituir, sobre todo ante al despliegue de la estrategia (des)informativa, las purgas y la censura por parte de los portavoces y medios de (in)comunicación oficiales y afines –cada día más y más rendidos al poder– preparando el camino de las elecciones municipales, autonómicas y generales que van a celebrarse el año que viene, un ejercicio obligado de discernimiento sobre la monumental estafa a la que  venimos siendo sometidos y, lo que es peor, al grado de interiorización en amplias capas de la población –incluso en las más perjudicadas por esta crisis que no cesa– de una mezcla de aceptación, inevitabilidad o resignación ante unas formas de actuar que se proclaman como alternativas de si mismas o amenazan, en su soberbia, con el apocalipsis o la catástrofe de no seguir las pautas o modelos que pretenden  imponernos a toda costa.

    Por todo ello, nada importa que, más allá  del electoralismo oportunista de las últimas medidas, se siga acentuando la desigualdad social –la mayor de la Unión Europea con 20 fortunas sumando un patrimonio similar al de 14 millones de españoles–, se castigue a las rentas del trabajo, se favorezcan la acumulación de bienes y capitales en élites blindadas, o se apuren y no discriminen los impuestos indirectos; que más de la mitad de los parados –más de tres millones– carezca de cobertura de desempleo y disminuya progresivamente su alcance, mientras los activos ven reducidos sus salarios, precarizados sus puestos de trabajo, o ignoradas las cifras de emigrantes,  subempleados, contratos basura y economía sumergida; que la deuda pública alcance ya el 100% del PIB –más de un billón, con “b”, de euros– creando otra burbuja financiera que está ya devaluando y socavando los servicios públicos en directa proporción a su privatización y pérdida de calidad asistencial; o que los aislados intentos de saneamiento del sistema hayan sido cortados radicalmente –ahí están los jueces Garzón y Silva, la subordinación  del Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o Audiencias y Tribunales de Justicia, a los intereses politicos y económicos  (­lo mismo que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción, Medio Ambiente, Maltrato…. sumamente remisas a emprender, de oficio, acciones en el ámbito de sus competencias), o las oscuridades y limitaciones  de las Leyes sobre Transparencia y demás simulacros de reformas pseudodemocráticas– mientras los  estrechos vínculos entre las “élites extractivas”, las cúpulas empresariales y los grandes conglomerados económicos se potencian y consolidan. 

   Una situación que se vuelve aún más escandalosa si nos adentramos en los procelosos mares de unas instituciones que no han ejercido una función de contrapeso frente a la impunidad del Ejecutivo y su ataque permanente a la división de poderes, y y no han jugado un papel mucho más comprometido en la defensa de intereses generales en vez de ser cómplices de la corrupción y la ineficacia: una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC), incapaz de poner coto a las prácticas de cártel y oligopolistas de los sectores productivos al  manipular al alza los precios, liberalizar horarios comerciales en perjuicio de las PYME,s o eliminar a sus posibles competidores negando la economía de mercado que dicen defender; y como ocurre, también, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), el Tribunal de Cuentas, el SAREB (o banco malo), el FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria)…, que no han podido impedir –desde la ceguera de su falta de independencia y  arbitrarios nombramientos de fidelidades e inconfesables servicios prestados– contabilidades creativas, artificios financieros, falseamientos de balances, fondos buitre, activos tóxicos y “preferentes”, deshaucios e hipotecas, fugas de capitales, evasiones y fraudes fiscales, blindajes de directivos de Cajas y Bancos, agujeros negros  de préstamos sin control ni devolución…  

  Y, mientras tanto,  parece haberse olvidado la persistente degradación ambiental –incluso en aquellos que se proclaman más radicales– con un Ministerio desaparecido –y un comisario europeo de Clima y Energía en paradero desconocido– ante la creciente insostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos y los sistemas de transporte como resultado de las privatizaciones de infraestructuras y bienes básicos –el agua, la energía, los servicios y equipamientos municipales…–, de la RENFE –que incluye a FEVE y los AVE,s–  con despidos,  cierres de líneas y estaciones, reducción de frecuencias y servicios, inseguridad vial…, mientras las compañías privadas se quedan con las líneas rentables y dejan los cuantiosos déficits de construcción y explotación del resto; de AENA, que después del timo de los aeropuertos sin aviones –y no solo el de Castellón– y cuando ha empezado a obtener beneficios, también ha pasado a manos particulares; o de SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre), que después de construírlas con dinero público para entregárselas a la iniciativa privada, se ha hecho cargo de las deudas de la decena de vías de pago en quiebra: las autopistas radiales de Madrid, las de Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante, la Alicante-Cartagena y la de Madrid-Barajas, reforzando, así, junto a la socialización de las pérdidas por los impactos y externalidades –a cargo, cuando lo hace, del Estado y no de las empresas responsables– los “virtuosos” círculos de las prioridades y necesidades colectivas de este país.

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