Interior maquilla su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido hoy cambios técnicos en el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana tras las objeciones presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que advirtieron de que algunos preceptos de la norma podrían ser inconstitucionales.

Fernández Díaz ha respondido de esta forma a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso en relación a la información que publica el diario El País de que el Ejecutivo ha suavizado el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana.

«No se trata de suavizar ni de reforzar sino de precisar técnicamente mejor», ha dicho el titular de Interior, antes de reconocer que los informes del CGPJ y el Consejo Fiscal determinaban que algunos aspectos del texto «podrían ser eventualmente inconstitucionales o planteaban algunas recomendaciones que hemos aceptado».

Lo que no cambia es la cuantía de las multas. Las infracciones muy graves seguirán siendo castigadas con multas de entre 30.001 euros a 600.000.  Sin embargo, en el caso de infracciones graves y muy graves, las multas se dividen en tres tramos, en función de los grados mínimo, medio y máximo.

Entre los cambios planteados, están los controles en la calle. Sólo se harán si el objetivo es descubrir al autor de un delito grave. Las identificaciones se harán cuando la policía lo considere necesario para la prevención de un delito, no por una infracción administrativa.

Se suprime la atribución de responsabilidad a los organizadores de manifestaciones por las infracciones cometidas por terceras personas.

La ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho Fernández Díaz, pretende garantizar la seguridad ciudadana de manera «más eficaz pero sin cuestionar, para nada, ninguna libertad o derecho fundamental» como puede ser el de reunión o manifestación.

El nuevo anteproyecto ha sido remitido al Consejo de Estado para que elabore también un dictamen. Tras este trámite el Gobierno presentará en Consejo de Ministros el proyecto de ley que trasladará al Congreso para su debate.

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