Injerencias entre poderes, ‘derecho mordaza’ y medios serviles: así se deteriora la democracia en España

  • Cinco juristas, investigadores y académicos analizan para infoLibre la calidad de un sistema sólido pero amenazado por los abusos y el clientelismo
  • Los límites a las críticas al poder y a la transgresión de los dogmas religiosos desatan las alertas
  • La crisis catalana abona el terreno para el “populismo punitivo”, que se extiende a otros ámbitos jaleado desde los telediarios

Protesta contra la 'ley mordaza'.

Pedro Riera, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas, alerta de los riesgos que entrañan los falsos debates como “democracia contra Estado de derecho” y “legitimidad contra legalidad”. Ambos han irrumpido con fuerza al calor de la crisis política en Cataluña, aún no resuelta, que ha provocado una reacción del Estado objeto de críticas por parte de observadores de derechos y libertades. En efecto son debates peligrosos, propio de democracias bajo cuestionamiento, en cuyo seno surgen dudas y descréditos graves. Casi 40 años después de la aprobación de la Constitución, ¿puede considerarse España una democracia en deterioro?

 infoLibre plantea la cuestión a cinco juristas, investigadores y académicos, que ofrecen una respuesta que va mucho más allá de Cataluña al constatar cómo la libertad de expresión comienza a encontrar limitaciones cada vez más severas a la hora de cuestionar al poder o transgredir el imaginario religioso. Al mismo tiempo ponen de relieve tensiones peligrosas entre los tres poderes básicos de la democracia liberal –ejecutivo, legislativo y judicial–, insuficientemente fiscalizados por un cuarto poder, el informativo, en su mayoría entregado a una agenda cada vez más autoritaria y populista. Si el carácter democrático del régimen político español es incuestionable, también lo es que lo acechan amenazas nada desdeñables, especialmente en el ámbito judicial, donde existen alertas tanto por el llamado derecho mordaza como por el propio amordazamiento de los tribunales a través del clientelismo y la injerencia.

Tensión entre poderes

El politólogo Pedro Riera, colaborador de la Fundación Alternativas, propone tres dimensiones para el análisis: la democracia electoral, la democracia participativa y la democracia representativa. En la primera, la electoral, referida a la libertad para participar en el proceso democrático, Riera considera evidente que España es un país avanzado. Pero señala que es habido pasos hacia atrás. “El paquete de reforma de la Loreg [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] de 2011 tocó el voto rogado y el derecho a presentarse a elecciones”, recuerda. Introdujo elementos restrictivos tanto en el sufragio activo (votar) como en el pasivo (presentarse). “Fue un retroceso claro, pero también es cierto que a nivel cuantitativo no fue demasiado significativo si tomamos como referencia el conjunto del sistema”, señala. En democracia participativa no ha habido retrocesos, pero tampoco grandes avances. “Ahora bien, en términos comparados, estar donde estábamos es retroceder”, señala. Y añade que España no acompaña el auge de los mecanismos de democracia participativa que se dan en Europa.

La parte crucial es la que afecta a los derechos consustanciales a lo que conocemos como democracia liberal representativa clásica. Los pilares del Estado de derecho, la separación de poderes… ¿Están siendo socavados esos pilares? Riera se pone aquí más grave. “Están pasando cosas preocupantes en las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo”, afirma. Le parece especialmente inquietante que el Gobierno se negara a responder al Parlamento durante su largo periodo en funciones en 2016 alegando su interinidad, lo cual sienta un precedente de alcance aún por determinar. Tampoco es asunto menor la negativa del Ejecutivo a aceptar enmiendas legislativas aprobadas en el Congreso por la mayoría de la oposición, alegando que afectan a créditos presupuestarios e invocando para ello el artículo 134.6 de la Constitución: “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Juristas y observadores han detectado un abuso de este veto, que afecta a una línea de división sagrada entre poderes.

Límites de la libertad de expresión

Otro nervio central del Estado de derecho es la libertad de expresión. Según Riera, está sometida a una notable tensión. “Hay una serie de libertades y derechos claramente en pugna: libertad de expresión, derecho al honor, libertad religiosa, libertad de culto. Está claro que los jueces están teniendo una lectura de estas cuestiones muy en pro de todo lo que sea anti-libertad de expresión”, señala el politólogo, que recuerda que “el concepto mismo de democracia está ligado a las libertades políticas”. Ahora bien, pide trazar claramente los términos del conflicto para detectar bien las amenazas. Es decir, no mezclar la represión de las críticas al rey, o de la representación de la imagen de Cristo, con las mofas sobre Irene Villa, o en general con atacar la dignidad de un ser humano.

Son numerosos los expertos en derecho que destacan el carácter de excrecencia nacionalcatólica del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, que por ejemplo ha permitido condenar a un hombre en Jaén por publicar una imagen de un Cristo con su cara, pese a no haber insultos ni humillaciones. Sólo una imagen. El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías observa una “relajación en la reivindicación” que permite al poder, señaladamente al poder judicial, expresarse a sus anchas. “Están pasando cosas que antes no pasaban porque el Estado no se atrevía. Los jueces, que venían del franquismo, se controlaban, tenían que dar una apariencia democrática. Ahora el poder judicial ha perdido ese miedo y vemos las consecuencias”, señala.

“Se cuestiona el derecho a hacer fotos de cualquiera, a hacer caricaturas, a criticar a la policía… Y se dan casos de desproporción en las penas, como aquel muchacho que entró en la cárcel por robar una bici de alquiler, que antes no se daban”, añade Urías, que pregunta: “¿Quién decía siempre ‘democracia’ y ‘Constitución’ en 1980? La izquierda. ¿Quién lo dice ahora continuamente? La derecha. Se ha debilitado esa idea de la democracia como algo que hay que defender, y por lo que hay que luchar, y se quiere convertir sólo en algo que está ahí para guardar al poder. Claro, si la democracia es del Gobierno, pues el Gobierno puede recortarla”.

Ley y jurisprudencia “mordaza”

Los casos de juicios y condenas por hechos en los que están en el alero la libertad de expresión se multiplican, como admite la propia memoria de la Audiencia Nacional. Muchos son casos mediáticos: Cassandra VeraRockaviejaCésar Strawberry, los titiriteros, el coño insumiso, el Cristo de Jaén… “Hay un retroceso y un recurso generalizado al derecho penal”, señala Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia. El Código Penal no deja de crecer e incorporar nuevas figuras delictivas, alerta. González pone en el punto de mira la reforma del Código Penal de 2015 y la Ley de Seguridad Ciudadana. Y también lo que llama “jurisprudencia mordaza”, tan grave a su juicio como la propia ley. “Se está estableciendo una doctrina condenatoria restrictiva, con condenas a tuits con cuatro ‘me gusta’. Todo este castigo provoca además un efecto desaliento, que hace que la gente se lo piense cada vez más antes de publicar algo”, explica.

Sin duda la llamada “Ley Mordaza” centra buena parte de las alertas. El International Press Institute ha pedido al Gobierno su derogación, al albergar “peligros evidentes” para el flujo de información de interés público. Diversos juristas han alertado sobre la posible colisión de numerosos artículos con derechos y libertades consagradas constitucionalmente: no discriminación por ideología, presunción de inocencia, intimidad, utilización de medios de prueba… “Creo que es de lo más grave, sino lo más grave que ha pasado. Con esa ley se le está diciendo al poder que puede reprimir cosas que antes eran inimaginables. Es un punto de inflexión”, señala Joaquín Urías, que otra vez echa en falta nervio social en la respuesta: “Es verdad que hubo protestas, pero no suficientes”.

Deterioro del Tribunal Constitucional

“A falta de soluciones políticas, inmediatamente se echa mano del derecho penal. Lo estamos viendo con toda claridad en Cataluña. Nosotros, que siempre denunciamos la politización de la justicia, vemos que lo que se está produciendo ahora es una judicialización de la política”, afirma Ignacio González, de Jueces para la Democracia. Es innegable un cierto cuestionamiento, tanto dentro como fuera de España, del funcionamiento de las instituciones españolas en relación con la crisis catalana. Amnistía Internacional, por ejemplo, se ha ocupado específicamente del caso del encarcelamiento de líderes independentistas, subrayando la inexistencia de presos de conciencia –en contra de lo que defienden los nacionalistas– pero criticando la prolongación de la prisión provisional en algún caso.

Ignacio González cree que la respuesta a la crisis catalana está acelerando un proceso que arrancó antes. “Se ha agudizado un fenómeno que viene de atrás”, afirma. E insiste en la “Ley Mordaza” como hito fundamental. Urías cree que la deriva es posible por un deterioro de la función judicial en sus espacios más sensibles. Y pone el foco en el Tribunal Constitucional.

“En los primeros años de la democracia el Constitucional estaba formado por magistrados de un prestigio brutal. Los juristas que se estudiaban en la Facultad de Derecho como los mejores juristas estaban ahí: Luis Díez Picazo, Miguel Rodríguez-Piñero, Pedro Cruz Villalón, Tomás y Valiente…”, enumera. Poco que ver con la actualidad. “Ahora mismo no hay ni un magistrado del Constitucional que tenga respeto académico en el exterior, ni del que se pueda decir que es un gran jurista. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha ido relajando todo, dando paso a magistrados con muy poco nivel, pero muy serviles. Y todos han aceptado”.

El resultado del deterioro de la función judicial es una pérdida de calidad y de independencia en un órgano clave de la democracia, el Tribunal Constitucional, que está teniendo un papel crucial en el conflicto catalán. Hay magistrados del propio Constitucional que en votos particulares han lanzado la alerta sobre la deriva centralista de dicho tribunal. Ello supone un lastre para su credibilidad a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que atañen a la delicada cuestión territorial.

“El retroceso de las libertades –añade Urías– tiene que ver con que el poder público tiene cada vez menos compromiso con la democracia”. Y con una sociedad que no reacciona con suficiente firmeza. Pone dos ejemplos. Uno, el voto rogado. “Hemos permitido una reforma que hace que el 80% de la gente que vive fuera no pueda votar. ¿En qué momento permitimos eso? Eso en el 82 hubiera sido un escándalo, hoy no”. Y dos, la reacción social a la condena del Tribunal de Estrasburgo a España por trato inhumano y degradante a terroristas de ETA. “Antes con estas cosas se bajaba la cabeza. Ahora la reacción es de indignación, sobre todo de la derecha, que no tiene el menor problema en poner en el punto de mira a los propios magistrados que han dictado la sentencia”.

Populismo punitivo

Las fuerzas conservadoras dominan la agenda política y mediática. Los partidos de derechas exhiben un desacomplejado discurso centralista y de mano dura que encuentra su cauce de expresión idóneo en la respuesta a un secesionismo unilateral que prescinde de la ley. Dirigentes y cargos del PP han hablado sin empacho de la posibilidad de ilegalizar partidos por ser nacionalistas o de aplicar el artículo 155 a comunidades autónomas con rumbos políticos que desagraden al Gobierno. Todo es terreno abonado para lo que Pedro Riera, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, llama “populismo penal”.

El tema estrella del populismo penal es la prisión permanente revisable, de encaje dudoso en el artículo 25 de la Constitución. Pero no es el único. Sobre la mesa se han puesto la posibilidad de introducir reformas contra las fake news o para limitar las filtraciones sobre procesos judiciales a los medios de comunicación. No ha habido producción normativa al respecto sobre estas materias hasta la fecha, pero las orejas de quienes alertan de nuevos conflictos con libertades políticas están de punta. Cataluña ha generado además una especie de estado de excepción política que allana el camino a reformas que, en contextos de mayor distensión social, podrían resultar escandalosas.

El problema del posible abuso del recurso legislativo se agrava ante las dudas sobre la independencia judicial en el contexto de la crisis catalana. Pero Riera introduce un matiz. “Yo creo evidentes las injerencias en la corrupción. Pero la injerencia no es el único problema. Piensa que el poder judicial es un reducto del conservadurismo, no hubo una transición como en otros ámbitos. Ahora se le ha tocado un punto crítico, el que más lo irrita, la unidad de España. Y actúa, pero no necesariamente porque haya injerencias”, señala Riera.

Debilidad del contrapoder

Los medios desempeñan un papel crucial en una democracia. Uno de los rasgos más indisimulables de un régimen autoritario es la persecución del pluralismo informativo. Al mismo tiempo, uno de los indicadores más evidentes del deterioro de un régimen abierto es el debilitamiento del llamado “cuarto poder”. ¿Ofrece el panorama mediático síntomas de deterioro en España? A Víctor Sampedro, catedrático de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, le resulta evidente que sí. “Falta pluralismo interno [en los propios medios] y externo [en el conjunto de la oferta]. Los medios en España realizan alineamientos que coinciden con alianzas políticas, a cambio de las cuales reciben exclusivas, regalías y tratos de favor en política mediática y de telecomunicaciones”, afirma Sampedro.

Ha habido cambios a lo largo del último ciclo político, añade el autor de Dietética digital. “Todo lo que no entraba en la disputa del bipartidismo era expulsado del debate legítimo, en el marco de una democracia poco receptiva a demandas populares. Las demandas estaban, pero no entraban en la agenda social. Estallaban en Internet. Esto arranca con el ‘pásalo ‘ de 2004 y tiene su clímax en el 15-M. Han surgido medios digitales con agendas y marcos discursivos opuestos a los dominantes”, afirma Sampedro. Eso sí, aunque su papel es importante, aún no rivalizan en influencia social con los grandes medios audiovisuales. “Ahora mismo no hay un contrapoder real. Además los medios gubernamentales, mal llamados ‘medios públicos’, rebajan constantemente la posibilidad de un debate democrático mínimamente realista y plural”, añade el catedrático.

Sampedro, que ha estudiado a fondo el fenómeno, traza una descripción durísima de los medios públicos: “Tienen listas negras de profesionales y redacciones paralelas. Siguen la agenda del partido que controla la Administración, sea estatal o autonómica. Son cotos cerrados de audiencias cautivas”. Su papel es “matar el debate”, opina el investigador. “Los medios gubernamentales no ayudan, al contrario, entorpecen y degradan el debate público. Ahora por ejemplo se convierte en crucial el problema de elevar la represión para determinados crímenes. ¿Eso es lo priotario en España?”, se pregunta. Y responde: “Es sólo un impulso a una agenda electoral concreta, la del PP, porque es un tema que posiciona muy bien al partido como gente de orden y traslada ese marco a cualquier otra disputa para poder saldarla de forma represiva”.

La falta de pluralismo en el panorama mediático español está recogida en último Media Pluralism Monitor, estudio del Instituto Universitario Europeo publicado en 2016 (aquí disponible en inglés). Dicho estudio establece un “riesgo medio” para el pluralismo en España y señala “decisiones políticas y presiones” que afectan a la independencia de los medios. Cita como problemático el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus críticos como “Ley Mordaza”. Asimismo alude a los informes y denuncias frecuentes sobre “manipulación progubernamental” y a los nombramientos “políticamente motivados” de los jefes.

Amparo Huertas, directora del Instituto de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, también ve gato encerrado en el discurso mayoritario de los medios de comunicación. “Hay un marco de justicia, sucesos y catástrofes. Se muestra una sociedad de víctimas, de héroes y de dramas. Todo esto te hace sentir en una sociedad insegura, pero a la vez sentirte libre de esos problemas tan dramáticos, porque se abordan de forma despersonalizada, sin explorar la dimensión social, siempre como caso aislado”, señala. ¿Qué agenda hay detrás de eso? La respuesta evidente es la de la necesidad de ceder algo de libertad a cambio de seguridad. Pero hay más. “El Gobierno pretende demostrar que se ha de regularizar todo, que hay que hacer leyes y normas para controlarlo todo. Eso es lo que el poder quiere siempre”, afirma Huertas.

Un carrusel de sucesos suele ocupar ahora el cuerpo central de los informativos de Televisión Española. Falta ese relato vertebral de la sociedad y hasta del mundo, basado en criterios periodísticos y de interés público, que se le supone a un telediario sufragado con dinero público. No es casual, según Huertas. “Los sucesos lo que te acaban diciendo es que hay que confiar en la justicia. Que si usted denuncia, se arreglará. Por ejemplo, cuando se habla de la mujer como víctima, siempre se destaca si había denunciado o no, como si ése fuera el problema, como si denunciar la hubiera salvado”, expone.