De vuelta al franquismo

El 23 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Barcelona, se alzaba en armas contra el sistema político ideado por Cánovas del Castillo e imponía una dictadura militar con el único objeto de salvar la monarquía de Alfonso XIII. El régimen borbónico en el que dos grandes partidos -el liberal y el conservador- se turnaban en el poder estaba en crisis desde la huelga general de 1917. El auge del movimiento obrero organizado en las ciudades industrializadas del país y, sobre todo, el expediente que el general Picasso había elaborado sobre las responsabilidades por el Desastre de Annual, que implicaban al rey, tenían contra las cuerdas a un sistema violento, viciado y corrupto que sentaba sus bases sobre el caciquismo, el nepotismo y una estructura clientelar que llegaba hasta el rincón más escondido del país. Aquel lejano pronunciamiento militar, aquella solución de fuerza, fue el último recurso de una monarquía inculta y despiadada que anteponía los hipotéticos derechos dinásticos y de casta al interés general.
Hoy no tenemos ningún expediente Picasso porque -en principio- no estamos en guerra con ningún país ni tenemos protectorado en el exterior, aunque sí en el interior. Sin embargo, hay paralelismos que indudablemente nos retrotraen a aquel triste momento de nuestra historia que sería víspera de la noche más negra de nuestro existir: El franquismo. El rey no está implicado en la guerra de Marruecos porque no hay guerra con Marruecos, empero, varios miembros de la Casa Real están imputados por delitos gravísimos que en un país menos anestesiado y castigado que este habrían hecho saltar todas las alarmas ciudadanas. Al mismo tiempo, el partido en el gobierno, heredero directo de la criminal dictadura franquista gracias a los sacrosantos pactos de la transición y defensor a ultranza de las más brutales políticas económicas neoconservadoras, está cercado por la corrupción aunque sus máximos dirigentes hablen de ella como si fuese un hecho puntual que además ocurre en montañas lejanas situadas en las antípodas de la calle Génova. Si los tres tesoreros del Partido Popular han sido imputados por diversos delitos fiscales, si han volado millones y millones de euros, si cientos de consejeros, diputados, concejales y alcaldes han sido acusados de todas las formas posibles de corrupción, les basta con decir que ya no están en el partido o que obraban por su cuenta cuando todos sabemos quién los nombró y quién los protegió hasta el último momento, cuando todos somos conscientes de que su modo de actuar era una forma de vida compartida.

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