Comunicado sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

COMUNICADO DE LIBRES (Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión) sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).

Desde hace ya más de un mes se encuentra en la Comisión de Interior del Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Dicha Comisión es la encargada de presentar un texto alternativo que cambie algunos aspectos de la misma. Una reforma que en nada  se parece a la reiterada promesa de derogación que Pedro Sánchez hiciera muchas veces mientras estaba en la oposición e incluso cuando ya hacía casi tres meses que había llegado al gobierno.

La reforma parte del texto propuesto por el PNV a principios de 2017, ya que el PSOE retiró su Proposición de Ley presentada por las mismas fechas cuyo contenido tampoco era mucho mejor. Ambas eran propuestas de maquillaje. La del PNV, que constituye hoy el texto base, mantiene en general la ambigüedad e indeterminaciones que favorecen la libre interpretación de la misma; mantiene también la presunción de veracidad de los agentes, las sanciones por desobediencia y negativa a identificarse, por falta de respeto a los agentes, sigue haciendo responsables a los promotores u organizadores de movilizaciones y no retira las devoluciones en caliente. Aspectos que resultan ser muy graves en cuanto a la restricción de nuestros derechos y libertades, y algunos de ellos han sido los de mayor aplicación durante estos dos años y medio en que ha estado en vigor y lo siguen siendo hoy que aún lo está. Sólo en 2017 el número de sanciones por falta de respeto, desobediencia a la autoridad y negativa a identificarse (art. 36.6 y 37.4) fueron 34.155 (833 en Cantabria) y recaudaron más de 11 millones de euros en multas (251.396 en Cantabria); nada menos que el 70,3% de las sanciones consideradas estrictamente de Seguridad Ciudadana (75,3% en Cantabria) y el 62,6% de la cuantía de las mismas (68,4% en Cantabria).

El proceso de reforma se presume largo, dado que hay propuestas más de 200 enmiendas. Por ahora se calcula que la reforma culminaría en el verano de 2019, pero es posible que ni siquiera llegue a acabarse en esta legislatura. Mientras tanto, el Ministerio del Interior se ha contentado con dictar una serie de instrucciones a la policía para “racionalizar” la aplicación de la ley, una especie de brindis al Sol cuyo único resultado ha sido –y no deja de ser significativo- la protesta de la policía y guardia civil, que no van a aceptar de buen grado ver limitada la sobreautoridad e impunidad que les otorgó la Ley Mordaza. Además, por lo que vamos sabiendo, algunas de las enmiendas del PSOE al texto del PNV empiezan a ser retiradas o matizadas, como ha ocurrido nada menos que con las devoluciones en caliente o la prohibición de filmar o fotografiar a la policía.

LIBRES quiere aprovechar estos momentos para recordar lo que ya en julio de 2017 hizo público y firmó junto con la plataforma estatal No Somos Delito y otras muchas organizaciones y movimientos sociales, los que consideraba 10 puntos básicos para garantizar la Seguridad Jurídica y la protección del ejercicio de los Derechos Humanos. No aceptaremos ninguna ley que no los tenga en cuenta.

  1. Criterios claros y predeterminados que eviten la libre interpretación del derecho sancionador.
  2. Las manifestaciones en los atestados de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deberán tener un carácter de mera denuncia (sin presunción de veracidad)
  3. Transparencia y garantía de aplicación de la ley. Derecho de defensa, a conocer la acusación, a la prueba, a la contradicción y a la proporcionalidad.
  4. Cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación. Consideramos inaceptables las actuaciones, identificaciones, cacheos y otras limitaciones de los derechos a la libertad por razones étnicas u otras discriminaciones.
  5. Protección de datos de carácter personal y eliminación del registro de infractores que contempla la ley actual.
  6. Establecimiento de mecanismos efectivos e independientes para reponer en sus derechos a cualquier persona que haya sufrido arbitrariedad por los poderes públicos.
  7. Garantía de los derechos de manifestación, libertad de pensamiento, de expresión y de información. En los casos en que se acuse delito y conflicto entre dos derechos fundamentales, la autorización y ponderación tendrá que ser realizada por un juez conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad según los estándares internacionales.
  8. Prohibición de cualquier tipo de castigo físico por parte del funcionario o funcionaria pública.
  9. Reconocer el derecho de asilo y prohibir las devoluciones en caliente
  10. Protección especial de la diversidad, de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. La pobreza y sus manifestaciones no pueden ser infracciones administrativas.