COMUNICADO DE LIBRE SOBRE EL ATAQUE DE LIBERTADES Y DERECHOS DEL GOBIERNO EN CATALUÑA Y EL ESTADO

COMUNICADO DE LIBRE SOBRE EL ATAQUE DE LIBERTADES Y DERECHOS DEL GOBIERNO EN CATALUÑA Y EL ESTADO

LIBRES, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, quiere manifestar su preocupación por los graves ataques a las libertades y derechos que el gobierno del Estado viene practicando en Cataluña para impedir el referendum convocado por el Govern de la Generalitat el 1 de octubre.

La actuación del Estado en Catalunya está vulnerando garantías judiciales, incumpliendo la legalidad que dice defender y lesionando derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en la propia Constitución Española.

El Gobierno ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta trasera, sin someterse ni al procedimiento ni a los tiempos de aplicación, ni revelar las medidas concretas que se iban a adoptar. Las que se van aplicando, sin embargo, muestran que de hecho se han suspendido las competencias autonómicas y estableciendo un verdadero estado de excepción.

Así parece demostrarlo la congelación de las partidas que Hacienda ingresa en los fondos autonómicos o la imposición, por parte del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Cataluña, del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos (de conocida trayectoria franquista) como “director técnico” para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía en su misión de impedir la celebración del referéndum, a pesar de que ya existe la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña, supeditada a la Junta de Seguridad, que es el órgano previsto en el Estatut para que todos los cuerpos de seguridad puedan coordinarse sin perder competencias.

La división de poderes, ya mermada en España, se ha sacrificado en pro de un Ministerio Fiscal que está actuando a las órdenes directas del Gobierno y al margen de los Tribunales de Justicia. De este modo, estamos asistiendo a la apertura de procedimientos por la Fiscalía sin sometimiento a la autoridad judicial, como diligencias de investigación y citación para prestar declaraciones previas a la comisión de delito alguno y, por tanto, con un carácter preventivo incompatible con los principios rectores del ordenamiento penal. Tal es el caso de la llamada a a declarar por parte de la Fiscalía de los 712 alcaldes que se declararon partidarios del referendum, o los más de 40 registros y 14 detenciones practicadas por la Guardia Civil el pasado día 20 con la única cobertura de un juez de instrucción no competente.

Resulta también sospechoso que la denuncia de la Fiscalía para investigar delitos de sedición por las protestas en las calles a favor del referéndum haya recaído en el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Chamorro, ex inspector de la Policía Nacional de finales de la dictadura, tristemente famoso por ser el magistrado que decidió encarcelar preventivamente y sin fianza a los dos titiriteros acusados por enaltecimiento del terrorismo.

Nos parece intolerable la permanente coacción que se está realizando sobre todas las personas que tienen relación con el referendum, como los directores de colegios y alcaldes. La amenaza de aplicación a los participantes en las mesas de la Ley de Protección de Datos (que conlleva multas de 300.000 €) por manejar el censo electoral, muestra que las formas de coacción que se está dispuesto a adoptar no tiene límite.

Nos preocupan, asimismo, declaraciones como las que al parecer (según el diario La Razón y Radio 5 Todo Noticias) se han hecho desde la Guardia Civil, de que “Puigdemont va a utilizar niños como escudos humanos” , porque parece situarnos en un escenario de guerra realmente inquietante. ¿Hasta donde piensan llegar en la represión? El despliegue de cerca de 17.000 unidades de la policía nacional y guardia civil contribuye a reforzar ese clima de guerra que no parece augurar nada bueno.

Y no podemos olvidarnos de los ataques a la libertad de información, bloqueando webs o dominios publicitados en alguna cuenta o red social oficial de cualquier miembro del Govern, o a la libertad de expresión, incluso fuera de Cataluña, como la suspensión de actos de apoyo en locales municipales de Madrid, o la amenaza con aplicar la Ley Mordaza a los organizadores de concentraciones de apoyo por los registros y detenciones del día 20, con la simple justificación de que se apoyaba un referendum que es ilegal. Ello nos sitúa ante un precedente que viene a recortar aún más las libertades de expresión, reunión y manifestación que creemos sumamente peligroso.

Como españoles, exigimos al Gobierno que detenga la coacción y la represión en Cataluña.

¡No en nuestro nombre!