CINCO RAZONES POR LAS QUE EL CASO DE LOS DOS TITIRITEROS ES DESPROPORCIONADO Y VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera una vulneración muy grave del derecho a la libertad de expresión la cadena de hechos que han terminado con la prisión incondicional sin fianza de dos titiriteros en Madrid.
#LibertadTitiriteros
La acusación de “enaltecimiento del terrorismo” y la aplicación de medidas excepcionales, carecen, a juicio de la PDLI, de sustento legal suficiente. Más bien al contrario, parecen responder a motivaciones ajenas a lo que fue el desarrollo real de los hechos, lo que agrava aún más este lamentable episodio.

La PDLI ha valorado el caso y explica, en cinco razones, por qué es un ataque inaceptable al derecho a la libertad de expresión:

1. Se trata de una ficción
El tipo penal de enaltecimiento del terrorismo requiere, básicamente, que se ensalce el crimen, se haga apología del mismo o se glorifique al autor. Estos requisitos no pueden darse en una obra -literaria, teatral o cinematográfica- que simplemente escenifique asesinatos. Además de escenificarlos, se tendrían que justificar de modo que se inste expresamente a la comisión de los mismos.

2. No hubo “ensalzamiento”
En la trama no se “ensalza” el terrorismo. Los muñecos no estaban elogiando ni justificando a ningún grupo terrorista cuando uno de ellos mostró una pancarta (de 20 centímetros) en la que podía leerse “Gora Alka-Eta”. Esa escena pretendía criticar, precisamente, las denuncias infundadas por “enaltecimiento”: Por un lado, el personaje que introduce ese letrero es un guiñol-policía para incriminar, “fabricando” pruebas, a otro de los personajes (un guiñol bruja). Por otro lado, la literalidad de la frase supone una exageración hasta el absurdo, al jugar con las denominaciones de “Al Qaeda” y “ETA”, con objeto de acentuar (con mejor o peor fortuna) esa pretendida crítica.

3. Delitos de opinión
El último informe anual de la PDLI recoge la anomalía que presenta nuestro país al tipificar como delitos no solo conductas sino opiniones, que están en el ámbito de las ideas y de su expresión. En dicho informe se recuerda que en España los tipos penales de injurias y calumnias están incluidos en el Código Penal “a presar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)”.

4. Enaltecimiento
Especialmente grave para la libertad de expresión, dentro de estos “delitos de opinión”, es la tipificación del delito de “enaltecimiento”, introducido por primera vez en el Código Penal en el año 2000 y del que están acusados los titiriteros. En la actualidad está castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.

La última reforma de este texto (el llamado “pacto antiyihadista”) incrementa las penas, además, si el llamado “enaltecimiento” se produce a través de Internet: “Se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información”.

Los riesgos de la existencia de este tipo penal para la libertad de expresión e información no son nuevos. Un caso reciente fue el de la periodista Iraitz Salegi, acusada, junto con otros compañeros, de enaltecimiento del terrorismo por cubrir un acto de la izquierda abertzale en el que supuestamente se ensalzó a ETA.

5. Proporcionalidad
En el caso de los titiriteros todo puede considerarse jurídicamente desproporcionado. La obra representada podría ser objeto de diferentes valoraciones: si hubo o no incumplimiento de contrato; si el contenido era apropiado o no para niños y, si en caso de no serlo, se proporcionó la necesaria información o advertencia; si era o no de buen gusto o de suficiente calidad artística…

Nada que no ocurra en otros ámbitos “culturales”, incluso masivos, como es la programación televisiva. Sin embargo, son controversias que, de existir, se saldan en las esferas administrativa (sanciones) o civil (acciones de cesación, resarcimiento por daños, etc).

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