Carmen, Carlos, Ana, Tamara… los trabajadores son los enemigos

La ofensiva del Gobierno contra los trabajadores es frontal. Hay más de 40 procesos penales abiertos contra trabajadores por hechos ocurridos durante las últimas huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía contra estos piquetes suman 140 años de cárcel. Los últimos casos conocidos son de especial gravedad. Destacamos los de Carmen y Carlos, en Granada, y los de Ana y Tamara, en Pontevedra.

 

Carmen y Carlos

El primer caso el es de Carmen y Carlos, de Granada, que han sido condenados a la pena de 3 años y 1 día de prisión por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. Toda la información la teneis en la página de Stop Represión Granada con un vídeo en el que los condenados nos cuentan su situación y que resulta interesantísimo y muy revelador sobre lo que realmente ocurrió en el piquete informativo.

En este caso la sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal y fue recurrida ante la Audiencia Provincial y se espera que hoy, martes y 13, se haga pública la sentencia definitiva por lo que es éste el momento en que debemos solidarizarnos con ellos y hacer todo cuanto esté en nuestra mano.

 

Ana y Tamara

1838085-Tamara_y_Ana_Version2El segundo caso es el de Ana y Tamara (Pontevedra) que también han sido condenadas a tres años y un día de cárcel. por formar parte de un piquete de medio centenar de personas donde alguien lanzó pintura a una piscina durante una huelga en el 2010. Ana y Tamara, tal como se aclara en el escrito que reclama su indulto, siempre reconocieron que formaban parte del piquete, pero niegan haber hecho algo más. Estaban entre otras 50 o 60 personas y la propia acusación dejó claro que nadie vio que ellas hubieran tirado pintura a la piscina. De hecho, los propios trabajadores que aquel día permanecían en la instalaciones siguieron en su puesto de trabajo y aseguran que no se sintieron coaccionados. Ana está embarazada de tres meses y puede que su hijo tenga que nacer en prisión. En este caso en primera instancia, las dos mujeres fueron condenadas a una multa y seis meses de cárcel, pero la Fiscalía recurrió y pidió la pena de tres años y un día por un «delito contra los derechos de los trabajadores»: La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado a la Fiscalía la razón. En este caso no cabe recurso ordinario alguno, por lo que se encuentran pendientes de un indulto del Consejo de Ministros a través del Ministro de Justicia. Si no se concede ineludiblemente ingresarán en prisión pues, aunque ambas carecen de antecedentes penales, al tratarse de una pena privativa de libertad superior a dos años, no cabe la suspensión de la ejecución. Podeis consultar más datos en esta página web.

 

Para firmar la petición del indulto:

http://www.change.org/es/peticiones/ministerio-de-justicia-concedan-el-indulto-a-tamara-y-ana

 

Si no hay una respuesta social, estas penas desproporcionadas dejarán de ser casos excepcionales. Fijaos que la sentencia, a pesar de condenar a las compañeras a seis meses de cárcel, ha sido recurrida por la propia Fiscalía, institución jerárquica y dependiente que obedece instrucciones del Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno. Se trata de un caso muy similar al de los sindicalistas Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, condenados también a tres años de cárcel tras ser denunciados por la policía tras participar en un piquete durante una huelga de transporte de mercancías. A pesar de que varios juicios concluyeron en absolución, un juzgado de Vigo consideró a estos miembros de CIG y UGT culpables también de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los referidos sindicalistas esperan la tramitación de un indulto, pero la Fiscalía ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión judicial de suspender temporalmente su entrada en prisión.

Actualmente, en España hay más de 40 procesos penales abiertos contra sindicalistas por hechos ocurridos durante las últimas huelgas generales. En total, las penas solicitadas por la Fiscalía contra estos piquetes suman 140 años de cárcel. Hay procedimientos abiertos en numerosas comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Islas Baleares, Andalucía o Asturias. Galicia es uno de los territorios donde más casos se dan. La mayoría de los implicados en el Estado tienen vinculación con CCOO o UGT, pero también hay personas vinculadas a otras centrales como la CIG. En el caso de Tamara y Ana, ni tan siquiera están afiliadas a un sindicato. Uno de los casos más graves es el de ocho trabajadores de Airbus para quienes la Fiscalía solicita ocho años de prisión por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, durante la cual hubo altercados y una carga policial en la que los antidisturbios llegaron a disparar al aire. Es, por el momento, la mayor pena que se ha solicitado nunca en el Estado español por hechos de esta índole desde la llegada de la democracia.

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