2017, annus horribilis en el recorte de libertades y derechos. Notas para un balance.

Hace ya algunos años -particularmente desde que gobierna el PP- que cuando al llegar el mes de diciembre LIBRES quiere realizar un balance de lo que ha pasado en materia de derechos y libertades, siempre se encuentra con que ha aumentado la represión y se ha avanzado en el recorte de derechos y libertades. En definitiva, que se ha dado una vuelta de tuerca con relación al año anterior que nos acerca más al Estado autoritario. Este año pasado, 2017, no ha sido una vuelta de tuerca, sino dos, o quizás tres, depende de las consecuencias que tengan algunas medidas adoptadas.

Represión, limitación de la libertad de expresión y de información

La represión ha continuado aumentando. Es verdad que en septiembre el Parlamentó votó la reforma de la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), pero tras ello ésta pasó a la Comisión de Interior donde duerme el sueño de los justas mientras se sigue aplicando. El balance del año pasado ya arrojó resultados sorprendentes por el incremento del número de sanciones, que en Cantabria llegó a multiplicarse por diez (http://www.elfaradio.com/2017/06/05/cantabria-multiplica-por-diez-en-2016-el-numero-de-sanciones-por-la-ley-mordaza/). Habrá que esperar a la publicación de los datos de 2017, pero dada la cantidad de noticias recopiladas sobre su aplicación nada hace pensar que el número de sanciones y la cuantía de las mismas haya disminuido. Como ya decíamos entonces, además de limitar la libertad de expresión, de amedrentar e imponer disciplina, han encontrado una nueva función a la ley: “la de hacer caja”.

Se han sentenciado algunos juicios antiguos, como los pendientes contra los diferentes imputados en las movilizaciones de Gamonal, o han quedado listos para sentencia otros, como, en nuestro territorio, el del mal llamado escrache contra el expresidente Ignacio Diego por los jóvenes de #PreguntarNoEs Delito. En ambos las sentencias (o las propuestas en el caso de Cantabria) rebajaron bastante las descabelladas peticiones de la Fiscalía, pero la simple condena supone la consideración de culpabilidad de un delito de protesta legítima.

Los ataques a la libertad de expresión, en un año en el que las movilizaciones en la calle han sido poco numerosas, se han dirigido, sobre todo, a las redes sociales y contra cantantes, artistas y humoristas. Empezaron con César Strawberry, de Def con Dos, condenado a un año de cárcel, siguieron con el rapero Valtonyc condenado a 3 años, y terminaron el año con La Insurgencia, condenados a dos años y un día (añadido este último con el propósito de que tengan que entrar en prisión), y con el juicio anunciado para febrero del rapero Pablo Hasel, al que se le piden 5 años de cárcel. En todos estos casos, como en el de tuiteros, las condenas son por criticar a la Monarquía -institución que se ha vuelto intocable, al igual que la Iglesia Católica- y por enaltecimiento del terrorismo. Como ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, éste último delito ha aumentado considerablemente desde que en 2011 ETA dejara las armas. Si en este año hubo 5 sentencias en 2016 hubo ya 30. No importa que la referencia al terrorismo sea a casos más o menos recientes o a casos sucedidos durante la Dictadura. Y tampoco vale que estas referencias sean simples chistes que vienen repitiéndose desde hace más de cuarenta años, como sucedió con el caso de Casandra con el atentado contra Carrero Blanco.

La represión se ha cebado también en periodistas e informantes. Los casos en los que fueron multados en aplicación de la ley mordaza por filmar la intervención policial, a pesar de acreditarse. Algunas periodistas, como Cristina Fallarás, vienen siendo incluso acosadas por un sindicato policial por sus opiniones vertidas en tuiter y en un debate político radiofónico. Estos ataques y la obstaculización del trabajo de los y las peridistas repercute en la calidad de la información que recibe la ciudadanía, que queda limitada a la proporcionada por los grandes medios controlados. La criminalización de medios y profesionales independientes constituye, por tanto, un atentado a los derechos y libertades de todas. Y lo mismo hay que decir de la persecución de quienes filtran información sustancial sustraída a la ciudadanía, como “los papeles de La Castellana”, que revelan los nombres de miembros de la familia Borbón y de conocidos empresarios que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. También el humor gráfico ha sido otra de las bestias negras perseguidas. Revistas como El Jueves o Mongolia se han visto sometidas a censura permanente y han sido recientemente denunciadas por chistes referidos a la policía destacada en Cataluña (en el caso de El Jueves) o por un cártel en el que aparecía la Virgen de la Caridad con la cara de Trump (en el de Mongolia).

Los acontecimientos de Cataluña han supuesto, también, una fuerte escalada represiva y de atentados a la libertad de expresión: prohibición de actos sobre el derecho a decidir dentro y fuera de Cataluña, detención de los presidentes de ANC y de Omnium y posteriormente de los Consellers (todos ellos aún en prisión preventiva), violenta represión para evitar la votación del referéndum. Las consecuencias que este conflicto político aún abierto están por ver, después de que el independentismo volviese a ganar las elecciones con sus candidatos en prisión o en el exterior. De lo que no cabe duda es de que no nos serán ajenas, como no lo será el fortalecimiento que a su costa se ha producido de la extrema derecha.

Finalmente no puede faltar una mención a la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros, en las que se encierra en régimen carcelario (aunque la ley diga lo contrario) a cientos de personas cuyo único delito es el de perseguir un sueño, el de huir de las condiciones hostiles de existencia de sus países para buscar un futuro mejor. A pesar de la opacidad informativa, sus luchas en el interior de los centros -en Madrid, Barcelona o Murcia- nos han permitido conocer sus deplorables condiciones de vida durante esos 60 días que dura su encierro en los que además carecen de información sobre cuál será su destino. El año ha terminado en tragedia. La cárcel de Archidona, habilitada provisionalmente como CIE a pesar de las críticas de la mayor parte de la oposición y del Defensor del Pueblo, acogió a casi 600 migrantes, entre ellos siete menores de entre 14 y 17 años. En un ambiente conflictivo, que comenzó en cuanto se produjeron las primeras expulsiones, un hombre apareció ahorcado en su celda. A partir de ahí, y con la investigación de lo sucedido en marcha, el Ministerio del Interior se ha dado mucha prisa en vaciar el centro y dispersar a los testigos de lo ocurrido, deportando a la mayor parte y trasladando al resto a otros CIEs.

¿Qué pasa en la judicatura?

A nadie se le escapa que algo está pasando en la judicatura. ¿Es que todas y todos los jueces del Estado español hacen las mismas interpretaciones negativas de las leyes? ¿No hay jueces progresistas en la instrucción de las causas represivas? ¿Qué está pasando? No estamos preparados para responder plenamente a estas preguntas, pero algunas evidencias nos llevan a pensar que algo tendrá que ver el control por parte del Gobierno de jueces y fiscales.

El ejecutivo ha intervenido en el terreno judicial de dos maneras: quitando competencias a la judicatura, como sucedió con la Ley Mordaza que convertía en faltas administrativas -sancionadas directamente por la policía- algunos delitos. Y favoreciendo reformas legales que permitiesen una mayor injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. La Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón, aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta, parece haber sido uno de los caminos. La Asociación Jueces para la Democracia denunciaba en su momento esa reforma como una forma de “militarizar la judicatura”, estableciendo un sistema muy jerárquico que otorga mucho poder al presidente y se lo resta al resto del Consejo del Poder Judicial, lo que lo hace muy permeable a “la interferencia del poder político en la independencia judicial”. Hoy su presidente, Carlos Lesmes, se encuentra de hecho, como es sabido, muy implicado con la política del gobierno.

El otro instrumento es, por supuesto, la Fiscalía, organizada también de forma jerárquica y cuya jefatura, el Fiscal General del Estado, es designada por el Gobierno. Así se explica, por ejemplo, las nuevas orientaciones interpretativas de algunas leyes. En el año 2008, por ejemplo, Pilar Manjón denunció a Jiménez Losantos y César Vidal por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, por haberla insultado, llamado “mentirosa” y “trastornada”, por haber puesto en duda que fuera una víctima de terrorismo y importarle más el sentar a Aznar en el banquillo que lo que realmente pasó con su hijo. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró entonces que dichos insultos no podían considerarse como delito según el artículo 578 del Código Penal ya que no procedían del entorno terrorista o de quienes sintonizaban con tales acciones, como contempla explícitamente dicho artículo. Entendido así ninguna de las condenadas antes mencionadas debería haberlo sido porque no proceden de ningún entorno terrorista. Sin embargo, la lectura de la ley ha cambiado aunque el texto se mantenga igual. Desde la condena de Strawberry, el criterio de la Fiscalía (que algunos juristas ya llaman “doctrina Strawberry”) de considerar ante todo la literalidad de lo que dicen y no la precedencia, se ha impuesto, convirtiéndose así en un nuevo instrumento disciplinario y represivo.

Así se explica también la polémica querella del Ministerio Fiscal contra los miembros del Govern de la Generalitat y los presidentes de ANC y Omnium por “rebelión y sedición”, a pesar de que según el Código Penal el delito de rebelión debe ir acompañado de “alzamiento violento y público”. La Fiscalía interpreta, al parecer, que la violencia ejercida por la policía -que no encontró respuesta por parte de los votantes- fue provocada por la llamada al referéndum.

No debemos, por tanto, extrañarnos de que mientras jueces y fiscales se muestran benévolos al juzgar delitos de corrupción o económicos, que casi siempre afectan a personas del PP o próximos al partido, sean  especialmente severos con quienes protestan y critican al Gobierno o sus instituciones.

Para perseguir a éstos y salvar a aquellos, en 2017 supimos de la existencia de una “brigada política”, una estructura policial (que tanto recuerda a la odiada “brigada político social” del franquismo) oculta en las “cloacas del Ministerio del Interior” destinada a obstaculizar la investigación de la corrupción del PP, al seguimiento, investigación y persecución de sus adversarios, y quién sabe a qué más. Recordemos que ya entes de la aprobación de la Ley Mordaza se mencionaba la posibilidad de que existieran listas negras de activistas para intervenciones preventivas y lo que se les ocurriese.

Otro de los comportamientos que ya ha denunciado por la asociación Jueces y Juezas por la Democracia, es el abuso de la utilización de la prisión preventiva sin fianza, concebida en la legislación como excepcional. Existen casos realmente sangrantes, como el de Nahuel, el joven perteneciente a un grupo autónomo vegano y libre de drogas, que fue detenido y acusado de ser el líder de un grupo terrorista y que, por fin, este año ha salido de la cárcel después de casi 500 días en prisión provisional y en régimen FIES (aislamiento y especial seguimiento), porque  la instrucción no ha conseguido pruebas concluyentes sobre el delito de que fue acusado. Algo similar podría suceder en el caso de los ocho jóvenes que se pelearon con dos guardia civiles en Alsasua para los que la política pide penas monstruosas de prisión (62 años para uno, 50 años para cinco y 12 años para uno) y que llevan en prisión preventiva desde octubre de 2016. Y qué decir, por supuesto, de los Jordis y Consellers catalanes, la mayor parte reelegidos en las elecciones del 21D y que está por ver si pueden acudir a la primera sesión parlamentaria.

Recentralización del Estado

El Procés y la oposición al independentismo ha permitido al ejecutivo iniciar lo que parece que podría ser un proceso de recentralización, que por el momento se ha concretado en una vía de intervención del gobierno en las autonomías y en las instituciones locales.

El contenido con el que se ha llenado el artículo 155 aplicado en Cataluña así parece demostrarlo. La redacción de este artículo en la Constitución resultaba, como bien se sabe, voluntariamente ambigua. En él se preveía que cuando una Comunidad Autónoma no cumplía con la Constitución y otras leyes, el Gobierno central, con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, podría “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. El gobierno de Rajoy concretó dichas medidas en el cese del presidente y del Govern de la Generalitat, la intervención de los organismos y servicios, disolvió el Parlament y convocó las elecciones autonómicas. Un contenido para esas “medidas” que, aunque fueron discutidas, no se atrevieron a formular los padres de la Constitución por lo que suponía de ataque democrático a las autonomías. Hoy ese artículo constituye un nuevo marco legal que podría ser aplicado en cualquier autonomía siempre que se considere que una Comunidad Autónoma atente contra el interés general de España o no cumpla con la Constitución, a juicio del Gobierno central y del Tribunal Constitucional.

Otro artículo, colado de rondón en la Constitución, el 135, y la Ley Orgánica de Estabilidad Pública y Suficiencia Financiera es lo que está sirviendo de fondo para las intervenciones gubernamentales de las cuentas municipales y autonómicas, sometidas a la disciplina del Ministerio de Hacienda que les obliga a gestionar sus cuentas cumpliendo la regla de gasto. La intervención se ha aplicado por primera vez este año en Madrid, un ayuntamiento que habiendo cumplido con el déficit previsto y reducido notablemente la deuda municipal, pretendía destinar el superavit a gasto social e infraestructuras.

En definitiva, 2017 nos ha traído mayor represión, más presos políticos, menos libertad de expresión y de información, retroceso en la independencia judicial, utilización de la judicatura en los fines políticos del Gobierno y recentralización del Estado. Es decir, un fuerte avance en el ya hace años emprendido camino hacia el autoritarismo. Ciertamente nuestro Estado se posiciona así en los primero puestos de una carrera en la que también corren otros países de la Unión Europea. La democracia cada vez significa menos cosas: unas citas electorales y un término vacío que se blande oportunistamente como arma legitimadora contra quienes resistiéndose a algunas leyes injustas las desobedecen.


LIBRES  se propone durante este año, además de seguir oponiéndose a la represión y al recorte de libertades y derechos, elaborar un informe detallado de los mecanismos que se vienen utilizando -y que sin duda seguirán ampliándose- en el control y la disciplina de la ciudadanía; en definitiva, de los medios de que se va dotando el nuevo Estado autoritario. Si os apetece participar os invitamos a ello.

Santander, 8 de enero de 2018

LIBRES  (Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión)